El 5 de abril de 2012 el estado de Chile presentó su escrito de contestación en el que controvirtió las pretensiones presentadas por la CIDH y las representantes, y rechazó su responsabilidad internacional por las alegadas violaciones de derechos humanos. También interpuso una excepción argumentando la falta de competencia de la Corte en relación al tiempo y a la materia del caso.

El 14 de enero de 2021 el Estado sostuvo que había realizado diligencias para esclarecer los hechos del caso y determinar los responsables que participaron en el delito de secuestro calificado en perjuicio de la víctima del presente caso